Exclusión social y achicamiento del Estado

Las evidencias existentes nos muestran que las zonas arrancadas de la égida del Estado y por ende del marco regulatorio de defensa y protección de los derechos humanos, los derechos como consumidor, los derechos ciudadanos, etc.,  se han incrementado y a su vez reflejan la reducción de lo social.

Es importante destacar que este  proceso de retirada estatal en el ámbito individual o subjetivo se entiende como el momento de la política de individuación en la que el Estado y sociedad redefinen la forma de interacción que establecen, teniendo por propósito conformar un individuo basado en principios de autonomía, responsabilidad, activación y el compromiso de sí para enfrentar los riesgos que devienen de un mundo de incertidumbre.

En ese escenario la intervención estatal lejos de ofrecer una alternativa a la alta individuación, la refuerza a partir de iniciativas implementadas que

            “... intervienen en el seno de dispositivos de larga data, [...] ayudas para conseguir          trabajo [...] lo hacen a nivel de organizaciones y empresas [... mediante] iniciativas de contratación y de subcontratación [...] a nivel institucional , las políticas de    individuación se desarrollan en el marco de [...] cambio de programa que gobierna    cada institución...”(Merklen, 2013:73)   

 En estos espacios que hemos referido, más que abordarlo como un momento de crisis del orden estatal al igual que ocurre con las políticas de individuación, cuando se entienden como parte de un cambio de programa  y por ende, como señala Dubet(2013) hay un cambio en los valores que permitían una forma de socialización que a su vez producía un individuo socializado y un sujeto autónomo; debemos entender que los problemas que afrontamos como sociedad al interior del estado deben rebasar un problema de crisis de valores. Los problemas que aquejan son amplios, están inscritos en la modernidad como proceso que coloca a ciertas sociedades en los márgenes del desarrollo, es decir las soluciones escapan a las capacidades institucionales del estado. Pero así como debemos pensar en la finitud de la idea estatal podemos afirmar que es en la democracia donde las soluciones pueden ampliarse.

Al respecto señala François Dubet (2013:443) lo siguiente

            “La decadencia del programa institucional lleva a cambiar de perspectivas y a pasar        a una concepción más política de las instituciones porque no puede haber otro modo          de legitimidad del trabajo sobre los otros que aquella surgida de la             democracia...”

Una democracia que es entendida como aquella en la que se materializa una igualdad social que permite una proximidad vinculante entre sus miembros, posibilitándose así una identidad o sentimiento que socializa al uno y el otro bajo parámetros solidarios. Ser iguales a pesar de las diferencias.

Sin embargo el proyecto institucional arriba referido es cuasi imposible, pues donde priman poderes fácticos se determinan prácticas alejadas de principios legalmente constituidos y por ende, alejados de una sociedad de semejantes, es decir no es posible construir relaciones de interdependencia, incluso no existen las condiciones para “...formar parte de un mismo conjunto y poder así [...], formar una comunidad de la que nadie estaría excluido...”(Castel, 2015:44).

Al escenario anterior hay que sumar el fenómeno de la inseguridad social que provee el mercado informal, ya que la amplitud de marginalidad que se constituye nos ofrece tanto una base laboral informal que alcanza el 57% de la mano de obra en México, por ejemplo, es decir 30 millones de mexicanos están excluidos de la seguridad social y de la patrimonial que como extensión nuclearon una serie de derechos y de expectativas individuales a lo largo de una política social que se ha agotado con el arribo de las políticas de individuación. El quid de la cifra arriba presentada es cuando observamos por subcategorías el problema, la base trabajadora del país está expuesta a circunstancias  diferentes para acceder a un empleo seguro y decente, en el caso de la informalidad los datos muestran que “las mayores tasas de empleo informal se encontraron entre las mujeres (47.7 por ciento frente al 44.5 por ciento de hombres), jóvenes de entre 16 y 22 años, con 7 ó 9 años de escolaridad, y principalmente en la construcción y los restaurantes...” (Sin embargo, 2016).

Como hemos señalado el escenario es complejo, si atendemos las zonas que quedan excluidas del desarrollo y valoramos su viabilidad esta se halla reestructurada en torno a la violencia, es decir, van a ser espacios exentos de las reglas de convivencia cívica que un sistema legal provee, en el que cualquier vinculo o relación entre los miembros de la comunidad política es establecido a partir de un reconocimiento mutuo de la ley (igualdad social), es el privilegio o una estratificación constituida en la fuerza o violencia la que altera las bases mínimas de convivencia entre los miembros. Por ende, la idea de la estatalidad vive un proceso de achicamiento derivado de su capacidad de dirección en el contexto de la vigencia de un Estado de Derecho garante de una ciudadanía integral.