miércoles, 28 de octubre de 2015
martes, 22 de septiembre de 2015
grupos de poder y empresarios
El estudio
de los grupos de poder está íntimamente ligado con la evolución del régimen
democrático en la medida de que su marco de acción es cuestionado por grandes
núcleos de población a quienes se les ha
restituido capacidades ciudadanas y de intervención en los asuntos
públicos. Las tendencias a transparentar y a la construcción de un proyecto
contra-democrático de control sobre los gobiernos han permitido poner atención
en estos actores que han logrado organizar sus intereses y así poder influir y
determinar la agenda pública a partir de un discurso y acción pública. Las alianzas
los grupos de poder han establecido en áreas estratégicas con el Estado se
convierten en parte de una estrategia política de estos grupos, quienes en su
capacidad de influencia capturan o anclan sus proyectos. Sin duda, esto
determina una nueva relación de lo público estatal, pues hay que reconocer el
discurso gubernamental está seducido por esta visión particular que le brinda
un campo de acción más amplio sin que su trabajo gubernativo este expuesto a principios
éticos o morales.
La
metamorfosis no sólo del discurso gubernamental si no también de la función del
Estado ha sido analizado en países como Argentina, Chile donde las acciones
empresariales por sectores estratégicos fueron claves para ver cómo ocurrieron
los cambios socio-políticos y socio-económicos en sus respectivas sociedades.
Es interesante valorar que la relación entre los grupos de poder y el Estado si
bien se volvió más transversal el factor jerárquico alineaba los campos de
actividades para alentar a aquellas áreas que se aperturaron a la inversión
extranjera vía los grupos de poder locales
que como pequeños inversores encontraron en dichas alianzas verdaderas fuentes
de ganancias inmediatas.
Es decir, en algún momento tenemos que referir a la
redefinición de lo público estatal entendiendo que en la apariencia el supuesto
repliegue no es más que el permanente ajuste condicionado mutuamente de la frontera
entre lo público-privado. Asimismo lo que nos enseña el fortalecimiento de los
distintos sistemas capitalistas imperantes en América Latina es que las
relaciones de poder siguen vigentes determinando las diversas negociaciones que
permiten control y delegación desde y para el “gobierno indirecto cada vez más
privado”. Es decir en ningún momento existe un ocaso de la influencia de lo
político en espacios de decisión gubernamental.
En el caso
mexicano los grupos de poder son actores que se han vuelto claves en la
dinámica de evolución de sectores estratégicos desde las reformas
constitucionales que han abierto áreas de la economía que demandan de liquidez,
es así que los contratos por servicios abrieron paso a un cambio en la
existencia de la empresa pública, hasta el modelo en el que empresas como
PEMEX, CFE se han convertido en empresas productivas del Estado. Estas
transformaciones estructurales de sectores claves de la economía nacional
refuerzan la presencia de actores económicos de los que hay que reconocer su
dinámica y relevante papel en la articulación de las nuevas relaciones
económicas, políticas y sociales. Relaciones que cuando lo situamos en clave
sistémica damos cuenta de que los cambios implementados en el capitalismo
mexicano lo sitúa con una serie de atributos que lo diferencian del modelo
impulsado por Argentina y Brasil en donde se ha consolidado un modelo
capitalista guiado por un mercado interno que tiene de agente tutelar o guía al
Estado, mientras tanto México se ha lanzado a la aventura de construir un
proyecto capitalista de subcontratación internacional desarticulado hacia el
interior, pero bien articulado externamente.
martes, 8 de septiembre de 2015
La fragilidad del Estado de derecho: Ayotzinapa a un año
Salvador Mora Velázquez
El crimen cometido a estudiantes en Iguala implica un parteaguas
en el sistema de justicia mexicano , haciendo eco de periodistas podemos
reconocer que los autores materiales involucrados son policías municipales y
miembros de un grupo criminal; sin embargo, los motivos no son del todo claros.
En el crimen resalta la falta de confianza institucional en la justicia, además
la integración de las pruebas que arroja la investigación muestran omisiones
(la prueba de un quinto camión, la pira que ardió a 1600 grados), es así que el
trabajo de la PGR se pone en duda por sectores de la sociedad y familiares de las víctimas. De esta manera,
podemos advertir que el Estado de derecho adolece de un órgano garante que
restituya la capacidad del Estado para garantizar el establecimiento del imperio de la ley. Más
allá de una comisión de expertos peritos se requiere una reforma profunda del
sistema de justicia.
lunes, 7 de septiembre de 2015
Transparencia en los programas sociales
Salvador Mora Velázquez
La política
de transparencia y rendición de cuentas permite constituir un sistema de
control y sanción que está habilitado para garantizar índices óptimos de
legitimidad entorno del desempeño y trabajo gubernamental, por eso asumimos que
la instituyente acción de crear un Instituto de Transparencia (2006) por parte
de la izquierda en el DF es para que a partir de la publicitación como un mecanismo de interacción entre
gobernantes-gobernados se logre resolver o se contenga –si fuera el caso- para
resolver los niveles de desconfianza que ni los organismos autónomos han podido
contener.
El déficit
institucional que se traduce en una incapacidad de estos cuerpos para generar
confianza es un problema que escapa a las propias capacidades de los cuerpos de
representación, pues el primer dilema con que se enfrentan los gobiernos
locales es que la percepción ciudadana no vislumbra una distinción entre el
gobernante federal o local –la política es una y sus actores son parte del
mismo actuar- de ahí que el gobernante de izquierda tiene que reforzar
prácticas proactivas que vayan a beneficiar directamente sobre los índices de
aceptación ciudadana en su gobierno; si a lo anterior agregamos los problemas
connaturales a los gobiernos representativos y propiamente a la democracia
liberal quien vive una permanente desafección social y por ende los gobiernos
en América Latina. Esta situación de crisis
han generado desestabilidad que se traduce en ingobernabilidad. Para
ello los gobiernos y tanto la izquierda –como ha ocurrido en la capital federal
de México- buscan ser más imaginativos con propuestas que escapan al terreno
social, para impactar esferas de los derechos individuales, derechos políticos
e incluso derechos sociales.
La llegada de
la izquierda en México tiene como antecedente las diversas crisis económicas
que devinieron en crisis políticas, en un momento donde predominaron los
gobiernos débiles que de cierta manera fomentaron actos que fueron dañando el
tejido social son diversas las formas en que los gobiernos liberales atentaron
contra la sociedad, destacamos las políticas de choque aplicadas que afectaron
directamente el poder adquisitivo de la sociedad, la inefectividad de la ley
para regular las relaciones entre particulares, son escenarios con que se topó
un proyecto de izquierda.
Resolver la
desconfianza estructural, la corrupción e incluso el problema creciente de la
desafección ciudadana hacia los gobiernos democráticos nos obliga a recuperar
la idea de sociedades vigilantes bajo los mecanismos que la accountability ha abierto para que se
constituyan interrelaciones basadas en principio éticos de control y
transparencia de las acciones de los gobiernos, tanto en el ámbito federal como
local, estas prácticas de publicitación son un impulso de la izquierda en el
DF, de esta manera el Partido de la Revolución Democrática ratifica su
compromiso ya no sólo con la democracia sino con la calidad de ésta.
La izquierda
se caracteriza por aglutinar simpatías y militancias entorno de objetivos
democratizadores que trazan como fin último la transformación social, de ahí
que cuando hemos considerado que la transparencia y rendición de cuentas son
prácticas que cubren las relaciones ejecutivo local y la Asamblea Legislativa
–vía la Contaduría mayor quien se convierte en un actor que obtiene
atribuciones de corresponsabilidad más que de control, señalamos lo anterior ya
que no podemos omitir que la revisión de la cuenta pública de la hacienda del
Distrito Federal por parte del órgano legislativo se convierte en una práctica
proactiva y no de reactiva al tener la mayoría de legisladores el partido en el
poder , variable sustantiva para valorar por qué una política de control no se
convierte en una práctica que afecte el desempeño del gobierno.
Asimismo
podemos considerar que la constitución de un órgano como el Instituto de Acceso
a la Información Pública del DF es un paso más para garantizar la
transformación de la esfera pública-estatal a partir de la publicitación de los
actos gubernamentales ante públicos ciudadanos independientes que ven
limitaciones en las prácticas corporatistas de la época autoritaria o de
miembros activos de la sociedad civil que están pendientes del actuar de sus
gobernantes.
En cuanto a
programas sociales que devienen de una agenda de políticas que se basa en el
principio de igualdad tiene que encontrar que un proyecto como lo es la
implementación de algún tipo de renta básica la cual se ha configurado en
programas de apoyo como son becas para estudios de niños y jóvenes que se
encuentran dentro del núcleo poblacional con quien el Estado se ve comprometido
a otorgar educación gratuita –en el caso mexicano la Constitución , entrega de
apoyo al transporte, programa de útiles y uniformes escolares y el programa de
seguro de desempleo han cristalizado en proyectos que buscan si no acabar con
la pobreza sí limitar su avance, frenar los impactos que las políticas de libre
mercado causan en los núcleos de población de la ciudad.
La ciudad de
México no escapa a los males de las metrópolis occidentales: “hombres y
familias sin hogar que bregan vanamente en busca de refugio; mendigos en los
transportes públicos que narran extensos y desconsoladores relatos de
desgracias y desamparo personales; comedores de beneficencia rebosantes no sólo
de vagabundos sino de desocupados y subocupados; la oleada de delitos y
rapiñas, y el auge de las economías callejeras informales (y las más de las
veces ilegales)” Wacquant (2001: 170), por eso es oportuno pensar que una
agenda de políticas que tiene por tema dar solución a la tensión
igualdad-libertad, esa es la raíz o el origen de por qué plantear una propuesta
de renta básica pues lo que busca es garantizar un derecho humano irrenunciable
justicia y dignidad, por eso como valores inalienables al ser humano las
políticas y programas que los gobiernos de izquierda han implementado para
lograr que las “subclases” de ciudadanos, que forman parte –se quiera o no- de
la ciudad de México, cuenten con elementos mínimos para garantizar su
sobrevivencia a partir de un principio solidario que apela a la restitución de
la cohesión social.
Cuando
hablamos por eso de programas que buscan que los niños y jóvenes de la capital
no abandonen sus estudios a partir del
otorgamiento de becas, insumos básicos para garantizar su presencia en el aula
(ya sea mediante el otorgamiento de útiles escolares, tarjetas de descuento al
100% en el uso del transporte administrado por el gobierno local –no así el
concesionado-) permiten consolidar un
apoyo a las bases trabajadoras quienes no sólo se ven expuestas a la privación
y carencia material sino también a la condescendencia de los ricos para vivir
–debido a los magros salarios o el nivel de renta per cápita que no corresponde
con el valor-trabajo depositado en el bien obtenido del obrero, sea de cuello
blanco o azul
En virtud de
lo anterior y retomando el binomio ricos-pobres tenemos que la dependencia del
trabajador de su trabajo y propiamente de las relaciones de subordinación con
el empresario lo vuelven un ser vulnerable, pues su existencia material
condicionada mengua su libertad. En palabras de Daniel Raventós (2006:18) la
desigualdad social es un freno para el goce de la libertad de millones de
personas, con esta afirmación tenemos que el riesgo de proyecto de país, de
ciudad siempre dependerá del binomio libertad e igualdad ya que configura dos
principios que en la práctica son valorados por la izquierda y la derecha en
dos órdenes opuestos, mientras el primero busca un papel de responsabilidad
pública del Estado el segundo busca la limitación del mismo elevando al mercado
a un espacio de preeminencia insano para el devenir de toda sociedad.
La implementación de políticas en materia de seguridad en México: el caso de Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronaped)
Salvador Mora Velázquez
En la implementación del programa de prevención del delito durante el
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han encontrado limitaciones , destacamos los siguientes hallazgos:
a) La metodología para la selección de las
demarcaciones prioritarias no es transparente En los informes de evaluación que
al respecto ha realizado México Evalúa A. C. Se encuentra que los criterios de
selección de las demarcaciones e spoco claro, actualmente con datos de octubre
de 2014 se tiene que los municipios que forman parte de dicho programa son 94
municipios y cinco delegaciones políticas que corresponden a las 32 entidades
de la República Mexicana, es decir por lo menos en su implementación se ha considerado
a un municipio de cada una de las entidades que conforman el territorio
mexicano. Sin embargo es poco claro advertir la selección habilitada por lo
menos en la primera fase que se implementó tomando como eje a aquellos que se
encuentran en las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial(2013)
al cual señalaba que las 57 demarcaciones con intervención focalizada se daban
a partir de los siguientes criterios: porque tenían altas tasas delictivas “y
condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o
permanencia de distintos tipos de violencia”, incluso dicha opacidad se
extendía a la construcción de los polígonos o zonas focalizadas (espacio territorial
en el que se dividieron los municipios o demarcaciones) de intervención las
cuales se identifican por contar con una población de entre 10 ó 15 mil
habitantes. No obsta aportar que los polígonos al interior de los municipios
dividían el territorio de estos órdenes de gobierno de uno a siete polígonos. Con
respecto a la incorporación de nuevas demarcaciones que se incorporaron para el
año 2014 se destacan evidencias empíricas que no necesariamente pueden tomarse
como criterios formales de la selección municipios como Apatzingán, Lázaro
Cárdenas en Michoacán, Tecomán en Colima, San Luis Río Colorado en Sonora,
Reynosa en Tamaulipas, se tienen indicadores de alta presencia del crimen
organizado o de espacios territoriales de trasiego de drogas.
b) La distribución de recursos no está
vinculada a los objetivos del programa Es interesante advertir que a dicho
programa se le asignaron 2 mil 595 millones de pesos los cuales serían entregados
a las entidades bajo tres criterios
• Población
beneficiada
• Incidencia delictiva
• Cobertura territorial
• Cobertura territorial
Lo que
resalta de dicho criterio es que no hace una distinción en los tipos de delito,
realizando una generalización de lo que para el gobierno federal es prioridad
atacar: el homicidio. En su definición estrecha del delito omite que la
violencia diversifica su presencia y que sus distintos rostros atentan contra
la vida colectiva. Al respecto podemos señalar que el rostro de la violencia
forma parte de nuestra cotidianidad: “en los espacios públicos, , en las
calles, se pasea por los parques, deambula por los caminos y también la
encontramos asentada en los hogares, problemas como el narcotráfico, la trata
de personas, el bulling, la violencia intrafamiliar y de género, el tráfico
de armas, el secuestro y los desaparecidos, la extorsión, las ejecuciones, los
feminicidios, la corrupción e impunidad y la ilegalidad son hechos que afectan
el tejido social.” Valero Chávez(2015)
Es así que
violencia es un síntoma de una fragilidad del tejido comunitario que está
privado para conformar el entorno del día a día de los habitantes. De esta
forma se arrancan espacios a la sociedad para ser secuestrados por la
delincuencia y su rostro más conocido: la violencia. El miedo, el aislamiento
que derivan como causas promovidas por la inseguridad son factores que
manifiestan diversas problemáticas que no necesariamente se pueden generalizar,
de ahí que criterios como el número de población no puede ser un criterio para
asignación de recursos, pues hay factores incluso al interior de los polígonos
o demarcaciones en las que la distribución desigual de la incidencia delictiva
y sus implicaciones son factores clave para entender y por ende ofrecer
respuestas acordes a cada particularidad. El perfil de incidencia delictiva
determina la forma de intervención y no así una tipificación unívoca, ni
siquiera un programa que busca impulsar el empleo es válido ahí donde la cadena
productiva está detenida como ocurrió en algún momento en ciudades como Ciudad
Juárez o Tamaulipas. Al respecto Tonatiuh Guillén (2014: 57) señala que hay
espacios municipales en que “son necesarias estrategias de énfasis coercitivo,
sobre todo en el corto plazo. En otras, el desarrollo social y la integración
de grupos sociales al ámbito institucional son de urgente necesidad y una
alternativa clara. Es decir, cada situación municipal requiere de modalidades
de intervención que no solamente se distinguen en la escala, sino también en
los contenidos.” Con respecto a los montos brutos arrojan peculiaridades en
donde se encuentran variaciones en el porcentaje asignado para demarcaciones
que ya se encontraban en el programa en el año 2013 y que se mantienen en el
mismo en 2014. El descenso en el recurso ronda 4% o más del recurso
originalmente asignado dicho ajuste se considera se debe a que se han
incorporado nuevas demarcaciones o municipios. Incluso se puede considerar que
si se analiza por entidades federativas (estados) los montos relativos aumentan
ya que hay estados de la República que adicionaron municipios al programa México
Evalúa(2015). Los estados que obtuvieron mayores recursos son Hidalgo,
Michoacán, Tabasco. Incluso ampliando nuestra observación en el primer año de
implementación del programa se destaca lo siguiente:
“no todas las demarcaciones
[seleccionadas] se encuentran en la parte superior del ranking por factores de
riesgo. Dada la falta de información y claridad sobre los procesos de
selección, no es posible saber si la selección de las demarcaciones responde en
mayor medida a los factores de población, geográficos y de incidencia delictiva
que se mencionan en el artículo 10 de Presupuesto de Egresos de la Federación
de 2013, o a los factores de riesgo.” México Evalúa(2014)
c) La mayoría de los
diagnósticos en los proyectos de prevención presentados por las autoridades locales carecen de evidencia sólida.
Es necesaria la comparación entre los dos primeros años de implementación del
programa marco ya que el año 2013 ya que los criterios de diagnóstico se modificaron
al año siguiente, de realizar un diagnóstico por proyecto ahora se realizaba un
diagnóstico por demarcación (municipio). Incluso con base al documento
realizado por Chapa y Ley podemos retomar que los diagnósticos correspondían a
años anteriores y por ende para programas distintos a los que para esta
convocatoria se solicitaban. Considerando los elementos que están omisos en los
176 documentos de diagnóstico en 76 se destaca “no identifica explícitamente el
nivel de gobierno ni el área responsable de su elaboración.” México Evalúa(2015)
A pesar de que se pudieron detectar elementos cuantitativos incluidos en los
diagnósticos para el año 2014 como son población, educación, salud, situación
socio-económica, incidencia delictiva/ percepción sobre inseguridad, capital
social esta información resulta insuficiente puesto que la unidad territorial
no es la demarcación (municipio o zona metropolitana) si no son los polígonos
(colonias), este elemento no permite identificar variables sensibles para la
elaboración de la política pública o incluso para desarrollar las estrategias
de intervención; esta necesidad de información es una condición relevante para
que estas intervenciones puedan ser precisas ya que tienen un focus de
población y acciones que están establecidas para los problemas particulares que
se pretenden atender exitosamente. Hay que recordar que la diversidad de
acciones punitivas, así como las causas que las originan son factores que no
deben omitirse; por ende si esta identificación no es clara en niveles micros
la estrategia de intervención tendrá omisiones importantes. Al respecto
Tonatiuh Guillén(2014) señala “En la vida cotidiana adquiere una importancia
mayor el delito más frecuente que el delito de alto impacto porque es
más probable sufrir un robo, por ejemplo, que estar involucrado en un evento
del crimen organizado. Esta diferencia también se nota considerando la
situación de las ciudades y su perfil de- lictivo específico. Hay ciudades en
donde los delitos de alto impacto son escasos (Mérida, notablemente) y otras
donde pueden ser muy elevados, como Ciudad Juárez entre 2007 y 2012.” Bajo
esta observación, que no exista este cuidado en la obtención de la información
por parte de los órdenes de gobierno municipal para identificar los factores que
alteran la seguridad pública en espacios
como son la calle nos coloca en dos planos: la ausencia de una metodología que
homogenice los indicadores que permitan evaluar cuantitavemente los temas de
seguridad, el otro elemento es la toma de decisiones que no cuenta con
información suficiente. En el año 2014 a pesar de que existen indicadores
cualitativos como son focus group o recorridos exploratorios por las zonas de
atención, estos elementos cualitativos no permitieron identificar factores de riesgo
con algún tipo de delito, es decir no se resuelve la pregunta¿qué problema o factor de riesgo delictivo o de
violencia necesita atenderse en el polígono? Asimismo, otro de los problemas de
los diagnósticos es que los programas y/o acciones a desarrollar no establecen
una relación causal de impacto positivo con lo que se valorice que la
estrategia es oportuna porque se busca atender los factores generadores de
violencia y delito.
d) La mayor parte de los
proyectos de prevención presentados por las autoridades locales no incorporan
indicadores y metas que hagan posible la evaluación de su impacto en materia
de prevención social. Si retomamos las debilidades de los diagnósticos del año
2013 tenemos demasiados elementos para resumir el por qué de la falta de
indicadores que evalúen el impacto de las estrategias y/o programas en las
demarcaciones. No obsta considerar que ante la falta de adecuados diagnósticos
los resultados son evidentes. Pues el objetivo básico es la implementación
Pronaped en primera instancia, hay que recordar que dicho programa formaba
parte de los acuerdos del Pacto por México en donde las tres principales
fuerzas políticas del país establecieron puntos de convergencia de lo que debía
afrontarse, no así sus resultados. Se dejó en manos del gobierno su
implementación así como el de dar seguimiento y evaluación. Si retomamos la
clasificación de los tipos de diagnósticos que se elaboraron por parte de las
demarcaciones para solicitar fondos y así implementar sus programas tenemos
cinco tipos de documentos de diagnósticos que agrupan a al totalidad de
solicitudes hechas, cabe destacar que en todos los documentos hubo fallas, a
saber la clasificación nos indica los principales límites hallados
“1)Diagnóstico objetivo basado en indicadores objetivos
cuantitativos
y/o cualitativos
Estos fueron los casos
en los que se expuso evidencia,
ya sea proveniente de reportes de las llamadas al número de emergencias,
encuestas, o de algún estudio realizado por instituciones independientes, por medio de la cual se identifica el
problema que se busca atender con las actividades del proyecto. 2)Los
casos que caen en ambas categorías incurren en una o las dos fallas siguientes:
el diagnóstico se limita a presentar información sociodemográfica del polígono
o municipio sin relación con lo que se termina definiendo como el tema del
proyecto, o se presentaron a manera de diagnóstico una serie de conjeturas en
torno al problema y su(s) causa(s) sin evidencia objetiva que las sustente. La pregunta que no logra responderse
claramente en ambos casos es ¿qué problema o factor de riesgo delictivo o de
violencia necesita atenderse en el polígono?
3)Se trata de una justificación del proyecto En esta categoría se ubicó a los casos en los que
en el espacio asignado para el diagnóstico se presentaron argumentos para
justificar la realización del proyecto y/o se ahondó en detalles del proyecto
sin proporcionar información que refleje algún tipo de análisis de problemas en
la demarcación con el objetivo de atender de manera precisa factores
generadores de violencia y delito.
4) No hay diagnóstico Dentro de esta categoría se identificó alguna de las
siguientes tres situaciones: a) el espacio para exponer el diagnóstico que
justifica el proyecto se dejó en blanco; b) se repitió el objetivo del proyecto
en lugar de construir un diagnóstico; o c) aparecen argumentos con problemas de
sintaxis que hacen imposible su comprensión. El
problema que se genera es, para términos prácticos, el mismo de la categoría
anterior. Al no haber expuesto los problemas o necesidades presentes en la
demarcación, no es posible valorar la coherencia entre lo que se detectó y el
cambio que se pretende lograr con la implementación del proyecto, ni la
pertinencia de la acción en general.
5) No aplica diagnóstico Esta
clasificación engloba actividades que se programaron por separado y que
propiamente no constituyen por sí solas un proyecto de prevención social del
delito.” México Evalúa(2014)
En
virtud de lo anterior podemos señalar que la elaboración de los proyectos
fueron elaborados por los gobiernos estatales, municipales o consultoras
privadas; sin embargo a pesar de que en su elaboración no debería valorarse la
capacidad de los equipos técnicos es probable considerar las limitaciones de
estos equipos para la elaboración de dichos documentos. Por otra parte en todos
los proyectos la prevención del delito es factor clave para considerar su
financiamiento, el focus de población a atender es determinante y propiamente
la acción preventiva en la que la meta verdaderamente impacta en la protección
y/o prevención de la victimización de la población ya sea en los polígonos o
municipios. El sentido y cantidad de los indicadores así como la definición de
lo que se mide es contradictorio en programas como el Programa Intervención Temprana de Problemas de
Aprendizaje y Conductuales (Entrega de Lentes) ya que no resulta claro cómo y
en qué magnitud se contiene el delito con esta acción, asimismo destacan casos
como el programa de recuperación de espacios públicos en donde la asignación de
recursos para alumbrado público no queda claro en qué medida previene el
delito. Incluso hay casos en los que la evidencia que permite observar la
relación entre el diagnóstico y la ejecución del programa para garantizar la
protección de la comunidad es difusa e incluso rebasa el objetivo del programa
marco pues “la rehabilitación de un proyecto en
Toluca para remodelación de banquetas y camellones con plantas de ornato y
pasto” Maerker(2015) es parte de las acciones de gobierno del municipio no de
la federación vía el Programa Nacional de Prevención del Delito.
Finalmente, del total de proyectos presentados en
las 5500 acciones que el Pronaped financia sólo “el 27.5 por ciento de los proyectos cuenta con indicadores que
permitirán evaluar si se alcanzó el objetivo del proyecto. En el resto
de los casos, las metas e indicadores definidos no abordan en absoluto el
cambio o resultado esperado que se plantea en el objetivo.” México Evalúa(2015)
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