Salvador Mora Velázquez
La política
de transparencia y rendición de cuentas permite constituir un sistema de
control y sanción que está habilitado para garantizar índices óptimos de
legitimidad entorno del desempeño y trabajo gubernamental, por eso asumimos que
la instituyente acción de crear un Instituto de Transparencia (2006) por parte
de la izquierda en el DF es para que a partir de la publicitación como un mecanismo de interacción entre
gobernantes-gobernados se logre resolver o se contenga –si fuera el caso- para
resolver los niveles de desconfianza que ni los organismos autónomos han podido
contener.
El déficit
institucional que se traduce en una incapacidad de estos cuerpos para generar
confianza es un problema que escapa a las propias capacidades de los cuerpos de
representación, pues el primer dilema con que se enfrentan los gobiernos
locales es que la percepción ciudadana no vislumbra una distinción entre el
gobernante federal o local –la política es una y sus actores son parte del
mismo actuar- de ahí que el gobernante de izquierda tiene que reforzar
prácticas proactivas que vayan a beneficiar directamente sobre los índices de
aceptación ciudadana en su gobierno; si a lo anterior agregamos los problemas
connaturales a los gobiernos representativos y propiamente a la democracia
liberal quien vive una permanente desafección social y por ende los gobiernos
en América Latina. Esta situación de crisis
han generado desestabilidad que se traduce en ingobernabilidad. Para
ello los gobiernos y tanto la izquierda –como ha ocurrido en la capital federal
de México- buscan ser más imaginativos con propuestas que escapan al terreno
social, para impactar esferas de los derechos individuales, derechos políticos
e incluso derechos sociales.
La llegada de
la izquierda en México tiene como antecedente las diversas crisis económicas
que devinieron en crisis políticas, en un momento donde predominaron los
gobiernos débiles que de cierta manera fomentaron actos que fueron dañando el
tejido social son diversas las formas en que los gobiernos liberales atentaron
contra la sociedad, destacamos las políticas de choque aplicadas que afectaron
directamente el poder adquisitivo de la sociedad, la inefectividad de la ley
para regular las relaciones entre particulares, son escenarios con que se topó
un proyecto de izquierda.
Resolver la
desconfianza estructural, la corrupción e incluso el problema creciente de la
desafección ciudadana hacia los gobiernos democráticos nos obliga a recuperar
la idea de sociedades vigilantes bajo los mecanismos que la accountability ha abierto para que se
constituyan interrelaciones basadas en principio éticos de control y
transparencia de las acciones de los gobiernos, tanto en el ámbito federal como
local, estas prácticas de publicitación son un impulso de la izquierda en el
DF, de esta manera el Partido de la Revolución Democrática ratifica su
compromiso ya no sólo con la democracia sino con la calidad de ésta.
La izquierda
se caracteriza por aglutinar simpatías y militancias entorno de objetivos
democratizadores que trazan como fin último la transformación social, de ahí
que cuando hemos considerado que la transparencia y rendición de cuentas son
prácticas que cubren las relaciones ejecutivo local y la Asamblea Legislativa
–vía la Contaduría mayor quien se convierte en un actor que obtiene
atribuciones de corresponsabilidad más que de control, señalamos lo anterior ya
que no podemos omitir que la revisión de la cuenta pública de la hacienda del
Distrito Federal por parte del órgano legislativo se convierte en una práctica
proactiva y no de reactiva al tener la mayoría de legisladores el partido en el
poder , variable sustantiva para valorar por qué una política de control no se
convierte en una práctica que afecte el desempeño del gobierno.
Asimismo
podemos considerar que la constitución de un órgano como el Instituto de Acceso
a la Información Pública del DF es un paso más para garantizar la
transformación de la esfera pública-estatal a partir de la publicitación de los
actos gubernamentales ante públicos ciudadanos independientes que ven
limitaciones en las prácticas corporatistas de la época autoritaria o de
miembros activos de la sociedad civil que están pendientes del actuar de sus
gobernantes.
En cuanto a
programas sociales que devienen de una agenda de políticas que se basa en el
principio de igualdad tiene que encontrar que un proyecto como lo es la
implementación de algún tipo de renta básica la cual se ha configurado en
programas de apoyo como son becas para estudios de niños y jóvenes que se
encuentran dentro del núcleo poblacional con quien el Estado se ve comprometido
a otorgar educación gratuita –en el caso mexicano la Constitución , entrega de
apoyo al transporte, programa de útiles y uniformes escolares y el programa de
seguro de desempleo han cristalizado en proyectos que buscan si no acabar con
la pobreza sí limitar su avance, frenar los impactos que las políticas de libre
mercado causan en los núcleos de población de la ciudad.
La ciudad de
México no escapa a los males de las metrópolis occidentales: “hombres y
familias sin hogar que bregan vanamente en busca de refugio; mendigos en los
transportes públicos que narran extensos y desconsoladores relatos de
desgracias y desamparo personales; comedores de beneficencia rebosantes no sólo
de vagabundos sino de desocupados y subocupados; la oleada de delitos y
rapiñas, y el auge de las economías callejeras informales (y las más de las
veces ilegales)” Wacquant (2001: 170), por eso es oportuno pensar que una
agenda de políticas que tiene por tema dar solución a la tensión
igualdad-libertad, esa es la raíz o el origen de por qué plantear una propuesta
de renta básica pues lo que busca es garantizar un derecho humano irrenunciable
justicia y dignidad, por eso como valores inalienables al ser humano las
políticas y programas que los gobiernos de izquierda han implementado para
lograr que las “subclases” de ciudadanos, que forman parte –se quiera o no- de
la ciudad de México, cuenten con elementos mínimos para garantizar su
sobrevivencia a partir de un principio solidario que apela a la restitución de
la cohesión social.
Cuando
hablamos por eso de programas que buscan que los niños y jóvenes de la capital
no abandonen sus estudios a partir del
otorgamiento de becas, insumos básicos para garantizar su presencia en el aula
(ya sea mediante el otorgamiento de útiles escolares, tarjetas de descuento al
100% en el uso del transporte administrado por el gobierno local –no así el
concesionado-) permiten consolidar un
apoyo a las bases trabajadoras quienes no sólo se ven expuestas a la privación
y carencia material sino también a la condescendencia de los ricos para vivir
–debido a los magros salarios o el nivel de renta per cápita que no corresponde
con el valor-trabajo depositado en el bien obtenido del obrero, sea de cuello
blanco o azul
En virtud de
lo anterior y retomando el binomio ricos-pobres tenemos que la dependencia del
trabajador de su trabajo y propiamente de las relaciones de subordinación con
el empresario lo vuelven un ser vulnerable, pues su existencia material
condicionada mengua su libertad. En palabras de Daniel Raventós (2006:18) la
desigualdad social es un freno para el goce de la libertad de millones de
personas, con esta afirmación tenemos que el riesgo de proyecto de país, de
ciudad siempre dependerá del binomio libertad e igualdad ya que configura dos
principios que en la práctica son valorados por la izquierda y la derecha en
dos órdenes opuestos, mientras el primero busca un papel de responsabilidad
pública del Estado el segundo busca la limitación del mismo elevando al mercado
a un espacio de preeminencia insano para el devenir de toda sociedad.
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