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De enroques en el PRI

Los cambios en el PRI a partir de la llegada de tres “aliados” del grupo de Enrique Peña Nieto, puede leerse como adecuaciones recurrentes en contextos que demandan un refuerzo de estrategias que tratan de resolver el desgaste de lideres partidistas en su relación con la élite o grupo del presidente de la Republica. En el caso de este partido la salida de Manlio Fabio Beltrones permitió que llegara Ochoa Reza, miembro del grupo que Luis Videgaray ha venido consolidando, con miras al 2018.

La llegada de Claudia Ruiz Massieu mediante un doble enroque a la Secretaría General del partido –hay que recordar que se incorporó como secretaria de organización- , así como el de mover de su cargo como secretario de organización para convertirlo en dirigente de la CNOP a Arturo Zamora nos ofrece un escenario de reacomodo natural que incluso puede leerse como cambios que tratan de limar relaciones que producto de la intervención –sin ser parte del gabinete Videgaray- propició la visita de Donald Trump. El caso de José Murat es diferente, a pesar de que había construido una candidatura abierta para presidir al sector popular; como premio de consolación ha sido nombrado dirigente de la Fundación Colosio, instancia que es encargada de elaborar la plataforma electoral del partido y que obliga desde esa trinchera a realizar un importante trabajo para redefinir los principios y valores que representa el PRI. Sin omitir las diferencias en su carrera política,  el papel que ha jugado Murat –miembro de un viejo PRI- al  brindar su apoyo al grupo de Peña-Videgaray le ha permitido mantenerse como un activo dentro del partido, incluso es de recocer su papel como operador de asuntos tan relevantes como el pacto por México. Los casos de Claudia Ruiz y de Arturo Zamora pueden leerse como políticos con un presencia legislativa y por ende miembros activos del partido. El grado de aceptación que de sí muestran estos dos perfiles se eclipsa con Murat. Sin embargo, la retórica del dirigente Ochoa Reza ofrece la idea de que estos tres políticos ayudarán a mantener la unidad y sobre todo en garantizar los resultados que el presidente de la República desea que el partido obtenga en los cuatro procesos electorales de este año y en la elección presidencial de 2018. Reto nada menor si consideramos el desgaste que ha tenido el partido por el desempeño y sobre todo la corrupción que ha permeado a gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge, a lo anterior hay que agregar el gasolinazo, la casa blanca, casos que han provocado el rechazo generalizado con el gobierno.

Los cambios van en un sentido, fortalecer al grupo Peña-Videgaray, equipo de técnicos que busca consolidarse –recordemos que Nuño- era candidato del presidente para convertirse en dirigente del PRI y no lo logró. La llegada de esta dirigencia “parchada” busca perfilar un escenario favorable para que este claque siga siendo hegemónico y se vea beneficiado en el camino a la sucesión de 2018, momento de quiebre de todo apoyo incondicional.

Populismo y movimiento social: algunas notas

Desde la idea de la interpelación de nuevos actores sociales la aparición de los nuevos movimientos sociales viene a configurar un espacio autónomo de la existencia de la sociedad civil para distinguirse del Estado. De otra manera los procesos de diferenciación social han implicado rupturas que en el ámbito de lo social implican autonomías de espacios anteriormente conducidos bajo esquemas corporativos, en donde la interpenetración del poder político determinó la forma de participación de sujetos sociales en agendas que se propusieron como parte de proyectos políticos basados en factores de unidad nacional o de relegitimación del proyecto popular-nacional como ha sido descrito, puede valorarse que el populismo fue un instrumento de inclusión que permitió

            “una demanda legítima por representación y reconocimiento, pero a la vez puede ser          considerado como el intento – por cierto fallido – de ciertos grupos organizados por           desatender los mecanismos institucionales de representación y priorizar sus propios          intereses frente al resto total de la población.”(Frei y Rovira, 2008:122)

Si podemos reconocer factores afirmativos del populismo dentro de la política mexicana tenemos que entenderlo como parte de un mecanismo que posibilitó espacios y canales de intercambio entre el poder político y las organizaciones sociales. Es así que tanto el poder ejecutivo federal como el PRI contaron con la fuerza subordinada de un movimiento con una base policlasista. Los sectores sociales incorporados  estaban integrados por “.... asalariados urbanos y rurales y el campesinado, y de los empobrecidos [...]sectores medios urbanos en ascenso e, incluso, por elementos aislados de la burguesía...”(López Rivera, 2010: 18)

Asimismo de que valoramos factores de inclusión el populismo mexicano podemos leerlo como un fenómeno político que permitió ampliar la función del Estado en materia económica y del conflicto socio-político, ésta capacidad institucional no formal recayó en un poder Ejecutivo fuerte que lo mismo influía en la nominación de candidaturas como determinar la vigencia de un principio selectivo de justicia. Es oportuno destacar que el populismo se convierte en un factor de cambio sobre la cultura política, desde esta posición podemos advertir que el periodo definido por el creciente autoritario en un contexto de representación política bajo el dominio de un solo partido nos ofrece un panorama complejo ya que por una parte la cultura política mexicana autoritaria se desarrollaba bajo un escenario en el que se incentivaban ciertos derechos complementados con la apertura de espacios que bien semejaban un modelo tutelado en materia política, social, material y simbólicos.

  Los factores decisionistas determinaron atributos que no debemos hacerlos recaer en la personificación del liderazgo político popular, ya que entonces se pierde el factor político que implicó la articulación política. Desde esta mirada podemos sobreponernos a valoraciones negativas que pesarían sobre un proyecto populista que al analizarse desde singularidades (fenómenos como son la personalización, factores macroeconómicos que derivaron en crisis económicas) limitan nuestra presentación.

El momento rupturista emanado desde los movimientos sociales es quizás 1968, momento en el que podemos repensar la idea movimiento que podemos definir como

“un movimiento social tiene lugar sólo cuando se fomentan identidades colectivas que trascienden eventos e iniciativas particulares. La identidad colectiva se relaciona estrechamente con reconocimiento y la creación de conectividad. Conlleva un sentido de propósito común y compromiso compartido en una causa que permite que activistas y/o organizaciones individuales se consideren vinculados de manera inextricable con otros actores –no necesariamente idénticos peros sí seguramente compatibles- en una organización colectiva más amplia.” (Della Porta y Diani, 2011: 44)

Asimismo podemos reconocer que se puede encontrar una serie de atributos que superan formatos basados en clase o dentro de los elementos que se han definidos como parte de la ocupación del espacio público. En un contexto en donde la ocupación del espacio, la restricción para el desarrollo de la movilización el carácter contestatario del movimiento estudiantil replantea el factor simbólico de una forma de relación política entre los sectores sociales y el poder político.

La movilización social recrea tres momentos en plenitud, quedan en el lector o auditorio imágenes como la manifestación callejera definiendo el uso de tres elementos:

a) las vías públicas; b) “... la ocupación de un espacio público para celebrar una concentración ... ; c) ... la combinación de ambas en una marcha hacia o desde un lugar de concentración...” (Klandermans y Stekelenburg, 2011)

El retiro del Estado como causa de la desinversión social

La función de vigilancia que el estado constituye sobre aquellos sectores poblacionales (guetos) o barrios marginales de la ciudad reafirma el incremento en el gasto público en materia de seguridad, que en México se ha incrementado en 200% al pasar en el año de 2001 de 73,000 mdp a 219, 000 millones mdp en el año de 2013. Los datos son relevantes, en la medida de que avizoremos que los recursos asignados en la materia el 87% del presupuesto se canalizó para gasto corriente y para perseguir el delito, omitiendo acciones o tácticas preventivas. De esta manera estamos ratificando nuestra primera observación sobre el papel que el estado ha asumido en la era neoliberal pues ha dejado de implementar un proyecto de proveedor a uno con funciones disciplinarias. Este Modelo constituido implica dos fenómenos yuxtapuestos refuerzo y debilitamiento. Es decir, en el estado se muestra una "marcada disminución de la profundidad y el alcance de la regulación estatal..." (Wacquant, 2015:116).

Este fenómeno puede entenderse con el incremental número de personal de seguridad privada con que echa mano la población para proteger su vida, sus bienes; asimismo podemos considerar los múltiples justicieros o linchamientos en los que se ve involucrada una comunidad en aparente desafío a un Modelo de estado de derecho fragmentado, condicionado a la adopción de una función disciplinaria -como lo hemos señalado- que recae en la policía, sistema de justicia (criminalización de la protesta, Modelo asimétrico en el que una justicia selectiva que impera bajo criterios garantes de la desigualdad en el tratamiento), y en el sistema carcelario.

El impacto del retiro del estado que reconocemos como parte del fenómeno de la desinversión social no sólo golpea sobre el factor que se desarrolla en la esfera de la economía urbana y que se traduce en falta de inversión y de ingresos, sino también hallamos un segundo fenómeno que se configura a partir del quiebre de las relaciones sociales indirectas "sostenidas por las instituciones públicas y por las organizaciones privadas que éstas apoyan..."(Wacquant, 2015:117)

Incluso podemos ir más allá, ya que la desinversión social ha implicado un incremento en la desigualdad que ligado con el delito a la propiedad nos ofrecen una implicación relacional que se ve alimentada por el déficit de inversión del capital lo que golpea sobre actores productivos y por ende en la elevada tasa de trabajadores parados. Lo anterior nos lleva a decir que “...la degradación de las condiciones de vida de vastos sectores de la población estableció una asociación intrínseca entre delito y cuestión social...”(Kesler y Merklen, 2013: 17)

Por otra parte, el reto por brindar un nivel de seguridad que, inicia por generar un mercado laboral que brinde la oportunidad de trabajo en igualdad de circunstancias bajo esquemas que ofrezcan certidumbre (protección) y estabilidad al trabajador, permitiría sacar a grandes sectores de la población de situaciones de riesgo ya que se promoverían condiciones para un desarrollo integral de los miembros de la sociedad es grande. El estado en este escenario asume un discurso, que tolera y a veces incentiva las desigualdades sociales, que solicita a la población comprensión y aprobación a partir de un sentimiento de unidad nacional justificado en que la situación crítica rápidamente será superado y que pronto se volverá al camino que lleve a alcanzar a los países desarrollados. Fuera del estado queda una posible respuesta basada en el compromiso y acción por “... llevar al país por el camino de la emergencia y la recuperación.” (Giraud, 2015:114)