lunes, 15 de mayo de 2017
candidaturas independientes en las elecciones estatales en México
En la elección para elegir gobernador en el Estado de México, Coahuila, Nayarit la presencia de candidatos independientes con capacidad de triunfo es nulo, representar una propuesta distinta a los partidos políticos no ha tenido la simpatía del ciudadano. Estas candidaturas son de carácter testimonial, las encuestas así lo reflejan, incluso su desempeño es bajo en los debates tal y como se ha apreciado en los que hasta hoy se han desarrollado. En elecciones municipales y para diputados locales su fuerza depende de factores ligados a un hartazgo ciudadano o a escisiones dentro de las facciones internas de partidos, habrá que esperar si en esos estados además de Veracruz, los cerca de 250 candidatos por esta vía cuentan con resultados exitosos. Evaluar este tipo de candidaturas y su relevancia dependen de factores que difícilmente pueden superarse debido a una asimetría en la competencia electoral entre partidos e independientes.
espacio público y participación ciudadana
Como esfera lo público es una construcción social que define sus objetivos a partir de la restitución de derechos que el sujeto político recupera para sí, es por eso que democracia radical y ciudadano son figuras de una construcción de un proyecto político activo en y desde lo público. La construcción de lo público como un mundo común, dimensiona un espacio que podemos vincular con un proyecto de revolución democrática en la que un imaginario de igualdad impulsa la búsqueda de sentido en favor del cambio, es decir se debe configurar un proyecto que construya un nuevo orden basado en un principio de justicia que conforme una serie de derechos que permita la determinación de un proyecto hegemónico en el que se establece un sentido de entendimiento de los procesos históricos en los que se busca el reconocimiento de un sujeto histórico que asuma los retos venideros como momentos de transformación.
Este nuevo ejercicio de participación política se caracteriza porque no se somete a los modelos políticos de mediación que representan los partidos, por fuera de ellos hay una serie de argumentos negativos que limitan su actuar para favorecer su trabajo público, por ello es la manifestación de individuos y colectivos que al quebrar los monopolios existentes redimensionan las capacidades autónomas del sujeto para formular un sujeto de derechos en el ámbito de lo político. Este momento de lo político es entendido como un proceso de reconocimiento de capacidades públicas, el hombre como un ser político denota una cualidad innata desde la perspectiva de Arendt, la acción como principio-discursivo y la política como la capacidad de interacción, como un lugar que se constituye entre los hombres , que de cierta forma responde a un ejercicio de plena libertad.
Por eso tenemos que reconocer que hay un nuevo rostro de la participación pues en el esquema donde lo social es un punto intermedio entre el poder y el mercado. Sin embargo hay que valorar que se ha diluido el valor de lo social como un espacio de deliberación que instituía los diversos órdenes de la vida colectiva, ante ello si persiste este error, la pregunta es y será ¿el surgimiento de la categoría política y economía si no derivan de la acción y actividad que el hombre realiza en el ámbito de lo social, de dónde surgen?
De esta manera tenemos un asunto más importante a resolver, pues la cuestión pública como marco de vínculo entre política y administración es la expresión de los asuntos sociales vueltos problemas, es el rostro de la convergencia del ejercicio político del poder con la capacidad imaginativa de la gestión, es decir vuelve al actor de ambos espacios de decisiones en un conocedor de los asuntos colectivos. Estamos frente a un proceso de construcción de conocimiento sobre el espacio público, buscando los elementos latentes que permitan la distinción con lo manifiesto en la realidad. De cierta manera estamos ante un proceso semejante de creación de la política y la filosofía que en manos de los griegos significó “... la primera emergencia histórica del proyecto de autonomía colectiva e individual...”
Así presenciamos la conformación de un análisis que restituye capacidades a la acción humana, al determinar que lo público y lo privado son dos categorías que se determinan mutuamente por las funciones y operaciones que instituyen producto de la práctica en el ámbito de lo social. En virtud de lo anterior, lo social establece un orden ético y moral de los asuntos sociales para ello construye el ambiente idóneo para que la cuestión de lo público se materialice en códigos que determinan el sentido de lo social como una esfera constitutiva de la acción humana, materialicen un mundo que en el caso que estamos por introducir puede ser la ciudad misma.
martes, 11 de abril de 2017
lunes, 10 de abril de 2017
viernes, 7 de abril de 2017
miércoles, 5 de abril de 2017
Algunas notas sobre élites políticas
La elección del análisis del reclutamiento tiene como
consideración una dimensión sociológica donde se toman en cuenta elementos como
son el origen social así como el tipo de relaciones y posiciones sociales que
los legitiman generando entorno de los líderes un capital social sustantivo
para su mantenimiento y consolidación política, lo anterior implica reconocer
en qué medida su posición social así como su desempeño público permite
consolidar la reputación pública que se va conformando desde su ingreso y que se va fortaleciendo a partir de
un proceso de movilidad de la carrera política que eligen.
La forma de profesionalización de la vida pública de los
funcionarios electos como designados se convierte en un tema de estudio a
partir de que en el siglo XX los procesos de modernización política trajeron la incorporación de grupos políticos profesionales quienes ya
habían desarrollado competencias y habilidades técnicas. Lo importante es
destacar que los estudios del reclutamiento buscan encontrar cuales son los
mecanismos de adscripción política que se implementan al interior del sistema
político para incorporar y producir a las élites políticas.
Desde esta perspectiva el estudio de las élites políticas y
propiamente el proceso de reclutamiento político debe considerar la comunidad
de ubicación como un elemento determinante en la primera fase de formación de
los líderes, en el caso estudiado estamos hablando de funcionarios designados y
electos, pues están en un ambiente de compartir los mismos eventos y datos.
Conformados como grupos que mantienen las estructuras sociales y definir
políticas, por eso las élites políticas son actores que junto con el sistema
político, las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos determinan el
cómo accede a un cargo dirigente un individuo.
De ahí que se diga
que el reclutamiento político se define como el proceso por el que los
individuos acceden a los puestos. Los procedimientos pueden ser formales o
informales. La diferencia de ambas reglas se determina por factores de
ingeniería constitucional o lo que es lo mismo, por elementos determinados por
la política convencional. Destaquemos por ejemplo las leyes y reglamentos así
como en la Constitución, marcos normativos que exponen el mecanismo como se
desarrolla la selección de los candidatos así como la forma de participación de
la ciudadanía. Asimismo, es necesario identificar que el propio sistema
político presidencial establece como base de sus características quién y ante
qué autoridad los miembros de los gabinetes son responsables, en una especie de
selección dirigida el presidente goza de esta prerrogativa que hace funcional y
estable al régimen.
Esto es si tomamos
que una de las características del sistema presidencial es que la designación
de los miembros de la Administración Pública por lo menos en los cuadros
dirigentes son designaciones que provienen desde el Ejecutivo tenemos que
reconocer que el proceso de selección por lo menos hasta el gobierno de Ernesto
Zedillo tuvo en la universidad en el centro de reclutamiento, muy por encima
del partido o el electorado. Asimismo no podemos desconocer que el presidente
establece un trabajo de selección a partir de su experiencia personal de ahí
que haya diversos círculos de donde puede conformar su proceso de
reclutamiento.
Hay casos que
podemos reconocer como sui generis
debido a que su carrera política-pública al desarrollarse en el interior de
secretarías de despacho, cargos técnicos o asesores, establecen vínculos con figuras
ambiciosas que les abren un espacio en el terreno de la política, espacio al
que se van interesando de manera más activa hasta que escalan importantes
posiciones en la burocracia gubernamental. A partir de lo anteriormente
expuesto podemos reconocer que un estudio sobre el reclutamiento de élites trata
de mostrar cuales han sido los centros de reclutamiento más socorridos por la
clase política y ver los cambios o mutaciones de este proceso selectivo.
La élite política
como grupo mantiene una estructura de dominación entorno de una coalición
dominante que mantiene un control y poder de decisión por encima de otros
miembros de la élite. Así definida la élite entorno de su función de acción y a
su contingente capacidad de inclusión. Esto es no hay una cohesión tal que
pueda identificar a la élite como un grupo homogéneo, por el contrario en su
interior existen grupos que manifiestan intereses y una diversidad de
posiciones lo que vuelve a nuestro objeto de estudio en una red complicada de
aprehender.
Realizar la
distinción del concepto de élite del de clase
política es determinante pues nos permite situar las características y
mecanismos de interacción así como espacios de interacción y de influencia,
pues mientras a la clase política “… pertenecen todos los políticos en la
medida en que participan de la estructura
de privilegios…”[1],
mientras que las élites se subdividen en económicas, culturales y de los medios
de comunicación, además de la política. Incluso podemos ubicar que su elemento
distintivo es la posibilidad de la cooperación con otras élites de otros
ámbitos para lograr respuestas eficientes a los problemas con que se enfrenta
la actividad política.
[1] Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos,
España, Alianza Editorial, 1995, p. 30
lunes, 20 de marzo de 2017
jueves, 16 de marzo de 2017
De enroques en el PRI
Los cambios en el PRI a partir de la
llegada de tres “aliados” del grupo de Enrique Peña Nieto, puede leerse como
adecuaciones recurrentes en contextos que demandan un refuerzo de estrategias
que tratan de resolver el desgaste de lideres partidistas en su relación con la
élite o grupo del presidente de la Republica. En el caso de este partido la
salida de Manlio Fabio Beltrones permitió que llegara Ochoa Reza, miembro del
grupo que Luis Videgaray ha venido consolidando, con miras al 2018.
La llegada de Claudia Ruiz Massieu
mediante un doble enroque a la Secretaría General del partido –hay que recordar
que se incorporó como secretaria de organización- , así como el de mover de su
cargo como secretario de organización para convertirlo en dirigente de la CNOP a
Arturo Zamora nos ofrece un escenario de reacomodo natural que incluso puede
leerse como cambios que tratan de limar relaciones que producto de la
intervención –sin ser parte del gabinete Videgaray- propició la visita de
Donald Trump. El caso de José Murat es diferente, a pesar de que había
construido una candidatura abierta para presidir al sector popular; como premio
de consolación ha sido nombrado dirigente de la Fundación Colosio, instancia
que es encargada de elaborar la plataforma electoral del partido y que obliga
desde esa trinchera a realizar un importante trabajo para redefinir los
principios y valores que representa el PRI. Sin omitir las diferencias en su
carrera política, el papel que ha jugado
Murat –miembro de un viejo PRI- al brindar su apoyo al grupo de Peña-Videgaray le
ha permitido mantenerse como un activo dentro del partido, incluso es de
recocer su papel como operador de asuntos tan relevantes como el pacto por
México. Los casos de Claudia Ruiz y de Arturo Zamora pueden leerse como políticos
con un presencia legislativa y por ende miembros activos del partido. El grado
de aceptación que de sí muestran estos dos perfiles se eclipsa con Murat. Sin
embargo, la retórica del dirigente Ochoa Reza ofrece la idea de que estos tres
políticos ayudarán a mantener la unidad y sobre todo en garantizar los
resultados que el presidente de la República desea que el partido obtenga en
los cuatro procesos electorales de este año y en la elección presidencial de
2018. Reto nada menor si consideramos el desgaste que ha tenido el partido por
el desempeño y sobre todo la corrupción que ha permeado a gobernadores como Javier
Duarte, Roberto Borge, a lo anterior hay que agregar el gasolinazo, la casa blanca,
casos que han provocado el rechazo generalizado con el gobierno.
Los cambios van en un sentido, fortalecer
al grupo Peña-Videgaray, equipo de técnicos que busca consolidarse –recordemos
que Nuño- era candidato del presidente para convertirse en dirigente del PRI y
no lo logró. La llegada de esta dirigencia “parchada” busca perfilar un
escenario favorable para que este claque siga siendo hegemónico y se vea
beneficiado en el camino a la sucesión de 2018, momento de quiebre de todo
apoyo incondicional.
jueves, 2 de marzo de 2017
Populismo y movimiento social: algunas notas
Desde
la idea de la interpelación de nuevos actores sociales la aparición de los
nuevos movimientos sociales viene a configurar un espacio autónomo de la
existencia de la sociedad civil para distinguirse del Estado. De otra manera
los procesos de diferenciación social han implicado rupturas que en el ámbito
de lo social implican autonomías de espacios anteriormente conducidos bajo
esquemas corporativos, en donde la interpenetración del poder político
determinó la forma de participación de sujetos sociales en agendas que se propusieron
como parte de proyectos políticos basados en factores de unidad nacional o de relegitimación
del proyecto popular-nacional como ha sido descrito, puede valorarse que el
populismo fue un instrumento de inclusión que permitió
“una demanda legítima por
representación y reconocimiento, pero a la vez puede ser considerado como el intento – por
cierto fallido – de ciertos grupos organizados por desatender los mecanismos institucionales de
representación y priorizar sus propios intereses
frente al resto total de la población.”(Frei y Rovira, 2008:122)
Si
podemos reconocer factores afirmativos del populismo dentro de la política
mexicana tenemos que entenderlo como parte de un mecanismo que posibilitó
espacios y canales de intercambio entre el poder político y las organizaciones
sociales. Es así que tanto el poder ejecutivo federal como el PRI contaron con
la fuerza subordinada de un movimiento con una base policlasista. Los sectores
sociales incorporados estaban integrados
por “.... asalariados urbanos y rurales y el campesinado, y de los empobrecidos
[...]sectores medios urbanos en ascenso e, incluso, por elementos aislados de
la burguesía...”(López Rivera, 2010: 18)
Asimismo
de que valoramos factores de inclusión el populismo mexicano podemos leerlo
como un fenómeno político que permitió ampliar la función del Estado en materia
económica y del conflicto socio-político, ésta capacidad institucional no
formal recayó en un poder Ejecutivo fuerte que lo mismo influía en la
nominación de candidaturas como determinar la vigencia de un principio
selectivo de justicia. Es oportuno destacar que el populismo se convierte en un
factor de cambio sobre la cultura política, desde esta posición podemos
advertir que el periodo definido por el creciente autoritario en un contexto de
representación política bajo el dominio de un solo partido nos ofrece un
panorama complejo ya que por una parte la cultura política mexicana autoritaria
se desarrollaba bajo un escenario en el que se incentivaban ciertos derechos
complementados con la apertura de espacios que bien semejaban un modelo tutelado
en materia política, social, material y simbólicos.
Los
factores decisionistas determinaron atributos que no debemos hacerlos recaer en
la personificación del liderazgo político popular, ya que entonces se pierde el
factor político que implicó la articulación política. Desde esta mirada podemos
sobreponernos a valoraciones negativas que pesarían sobre un proyecto populista
que al analizarse desde singularidades (fenómenos como son la personalización,
factores macroeconómicos que derivaron en crisis económicas) limitan nuestra
presentación.
El
momento rupturista emanado desde los movimientos sociales es quizás 1968,
momento en el que podemos repensar la idea movimiento que podemos definir como
“un movimiento social tiene
lugar sólo cuando se fomentan identidades colectivas que trascienden eventos e
iniciativas particulares. La identidad colectiva se relaciona estrechamente con
reconocimiento y la creación de conectividad. Conlleva un sentido de propósito
común y compromiso compartido en una causa que permite que activistas y/o
organizaciones individuales se consideren vinculados de manera inextricable con
otros actores –no necesariamente idénticos peros sí seguramente compatibles- en
una organización colectiva más amplia.” (Della Porta y Diani, 2011:
44)
Asimismo
podemos reconocer que se puede encontrar una serie de atributos que superan
formatos basados en clase o dentro de los elementos que se han definidos como
parte de la ocupación del espacio público. En un contexto en donde la ocupación
del espacio, la restricción para el desarrollo de la movilización el carácter
contestatario del movimiento estudiantil replantea el factor simbólico de una
forma de relación política entre los sectores sociales y el poder político.
La
movilización social recrea tres momentos en plenitud, quedan en el lector o
auditorio imágenes como la manifestación callejera definiendo el uso de tres
elementos:
a)
las vías públicas; b) “... la ocupación de un espacio público para celebrar una
concentración ... ; c) ... la combinación de ambas en una marcha hacia o desde
un lugar de concentración...” (Klandermans y Stekelenburg, 2011)
El retiro del Estado como causa de la desinversión social
La función de vigilancia que el estado constituye sobre
aquellos sectores poblacionales (guetos) o barrios marginales de la ciudad
reafirma el incremento en el gasto público en materia de seguridad, que en México
se ha incrementado en 200% al pasar en el año de 2001 de 73,000 mdp a 219, 000
millones mdp en el año de 2013. Los datos son relevantes, en la medida de que
avizoremos que los recursos asignados en la materia el 87% del presupuesto se
canalizó para gasto corriente y para perseguir el delito, omitiendo acciones o
tácticas preventivas. De esta manera estamos ratificando nuestra primera
observación sobre el papel que el estado ha asumido en la era neoliberal pues
ha dejado de implementar un proyecto de proveedor a uno con funciones
disciplinarias. Este Modelo constituido implica dos fenómenos yuxtapuestos
refuerzo y debilitamiento. Es decir, en el estado se muestra una "marcada
disminución de la profundidad y el alcance de la regulación estatal..."
(Wacquant, 2015:116).
Este fenómeno puede entenderse con el incremental número
de personal de seguridad privada con que echa mano la población para proteger
su vida, sus bienes; asimismo podemos considerar los múltiples justicieros o
linchamientos en los que se ve involucrada una comunidad en aparente desafío a
un Modelo de estado de derecho fragmentado, condicionado a la adopción de una
función disciplinaria -como lo hemos señalado- que recae en la policía, sistema
de justicia (criminalización de la protesta, Modelo asimétrico en el que una
justicia selectiva que impera bajo criterios garantes de la desigualdad en el
tratamiento), y en el sistema carcelario.
El impacto del retiro del estado que reconocemos como parte
del fenómeno de la desinversión social no sólo golpea sobre el factor que se
desarrolla en la esfera de la economía urbana y que se traduce en falta de
inversión y de ingresos, sino también hallamos un segundo fenómeno que se
configura a partir del quiebre de las relaciones sociales indirectas
"sostenidas por las instituciones públicas y por las organizaciones
privadas que éstas apoyan..."(Wacquant, 2015:117)
Incluso podemos ir más allá, ya que la desinversión
social ha implicado un incremento en la desigualdad que ligado con el delito a
la propiedad nos ofrecen una implicación relacional que se ve alimentada por el
déficit de inversión del capital lo que golpea sobre actores productivos y por
ende en la elevada tasa de trabajadores parados. Lo anterior nos lleva a decir
que “...la degradación de las condiciones de vida de vastos sectores de la
población estableció una asociación intrínseca entre delito y cuestión
social...”(Kesler y Merklen, 2013: 17)
Por
otra parte, el reto por brindar un nivel de
seguridad que, inicia por generar un mercado laboral que brinde la oportunidad
de trabajo en igualdad de circunstancias bajo esquemas que ofrezcan certidumbre
(protección) y estabilidad al trabajador, permitiría sacar a grandes sectores
de la población de situaciones de riesgo ya que se promoverían condiciones para
un desarrollo integral de los miembros de la sociedad es grande. El estado en
este escenario asume un discurso, que tolera y a veces incentiva las
desigualdades sociales, que solicita a la población comprensión y aprobación a
partir de un sentimiento de unidad nacional justificado en que la situación
crítica rápidamente será superado y que pronto se volverá al camino que lleve a
alcanzar a los países desarrollados. Fuera del estado queda una posible
respuesta basada en el compromiso y acción por “... llevar al país por el
camino de la emergencia y la recuperación.” (Giraud, 2015:114)
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