La función de vigilancia que el estado constituye sobre
aquellos sectores poblacionales (guetos) o barrios marginales de la ciudad
reafirma el incremento en el gasto público en materia de seguridad, que en México
se ha incrementado en 200% al pasar en el año de 2001 de 73,000 mdp a 219, 000
millones mdp en el año de 2013. Los datos son relevantes, en la medida de que
avizoremos que los recursos asignados en la materia el 87% del presupuesto se
canalizó para gasto corriente y para perseguir el delito, omitiendo acciones o
tácticas preventivas. De esta manera estamos ratificando nuestra primera
observación sobre el papel que el estado ha asumido en la era neoliberal pues
ha dejado de implementar un proyecto de proveedor a uno con funciones
disciplinarias. Este Modelo constituido implica dos fenómenos yuxtapuestos
refuerzo y debilitamiento. Es decir, en el estado se muestra una "marcada
disminución de la profundidad y el alcance de la regulación estatal..."
(Wacquant, 2015:116).
Este fenómeno puede entenderse con el incremental número
de personal de seguridad privada con que echa mano la población para proteger
su vida, sus bienes; asimismo podemos considerar los múltiples justicieros o
linchamientos en los que se ve involucrada una comunidad en aparente desafío a
un Modelo de estado de derecho fragmentado, condicionado a la adopción de una
función disciplinaria -como lo hemos señalado- que recae en la policía, sistema
de justicia (criminalización de la protesta, Modelo asimétrico en el que una
justicia selectiva que impera bajo criterios garantes de la desigualdad en el
tratamiento), y en el sistema carcelario.
El impacto del retiro del estado que reconocemos como parte
del fenómeno de la desinversión social no sólo golpea sobre el factor que se
desarrolla en la esfera de la economía urbana y que se traduce en falta de
inversión y de ingresos, sino también hallamos un segundo fenómeno que se
configura a partir del quiebre de las relaciones sociales indirectas
"sostenidas por las instituciones públicas y por las organizaciones
privadas que éstas apoyan..."(Wacquant, 2015:117)
Incluso podemos ir más allá, ya que la desinversión
social ha implicado un incremento en la desigualdad que ligado con el delito a
la propiedad nos ofrecen una implicación relacional que se ve alimentada por el
déficit de inversión del capital lo que golpea sobre actores productivos y por
ende en la elevada tasa de trabajadores parados. Lo anterior nos lleva a decir
que “...la degradación de las condiciones de vida de vastos sectores de la
población estableció una asociación intrínseca entre delito y cuestión
social...”(Kesler y Merklen, 2013: 17)
Por
otra parte, el reto por brindar un nivel de
seguridad que, inicia por generar un mercado laboral que brinde la oportunidad
de trabajo en igualdad de circunstancias bajo esquemas que ofrezcan certidumbre
(protección) y estabilidad al trabajador, permitiría sacar a grandes sectores
de la población de situaciones de riesgo ya que se promoverían condiciones para
un desarrollo integral de los miembros de la sociedad es grande. El estado en
este escenario asume un discurso, que tolera y a veces incentiva las
desigualdades sociales, que solicita a la población comprensión y aprobación a
partir de un sentimiento de unidad nacional justificado en que la situación
crítica rápidamente será superado y que pronto se volverá al camino que lleve a
alcanzar a los países desarrollados. Fuera del estado queda una posible
respuesta basada en el compromiso y acción por “... llevar al país por el
camino de la emergencia y la recuperación.” (Giraud, 2015:114)
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